El plazo de quince años no se aplicará a cualquier actuación ejecutada sobre terrenos calificados como zonas verdes, viales, espacios libres o usos dotacionales públicos, terrenos o edificios que pertenecen al dominio público, o sobre suelo protegido, ya que en este caso la ilegalidad nunca prescribe. Siempre se puede reclamar que se restaure la legalidad y se repare al estado anterior los bienes ejecutados en los anteriores supuestos.
Cada día son innumerables los accidentes que se producen en las vías públicas como consecuencia de caídas ocasionadas por mal estado de algún elemento de la calle o área de la que se hace uso por parte de los viandantes; Sin embargo, no siempre será responsable la Administración Pública ante una reclamación económica exigiéndole responsabilidad por daños; Dicha reclamación, prosperará, cuando se acredite de forma clara y manifiesta el mal estado de dicha zona; Si ello se consigue, es obvio que provocará que los Ayuntamientos, se vean obligados a indemnizar a los viandantes, pero la cuestión no es tan sencilla como parece.
La prueba es de vital importancia para ambas partes litigantes, pues no todo accidente ocurrido en la vía pública es responsabilidad de la Administración Pública competente, es necesario que se acredite la existencia de nexo causal que permita justificar la responsabilidad administrativa.
El pasado mes de febrero, un conjunto de ramas de platanero de grandes dimensiones se desplomó en la Avenida Selgas de Xàtiva impactando sobre varios vehículos estacionados. Los propietarios de los vehículos interpusieron reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de Xátiva, reclamado el valor de los daños sufridos.
Después de medio año de espera, los conductores afectados recibieron contestación del ayuntamiento, cuyo seguro se niega a indemnizarles alegando que el suceso se originó a raíz de una situación «de fuerza mayor» y consecuencias imprevisibles, marcada por un violento temporal «de carácter extraordinario» y no por un deficiente funcionamiento de la administración. Disconformes con el carpetazo municipal por la vía administrativa, ambos han llevado su caso al juzgado de lo contencioso.
Pues, será el Juzgado el que decida si la caída de las ramas fue algo imprevisible consecuencia del temporal, o en cambio, se debe a una falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento.
Fuente: http://www.levante-emv.com/costera/2017/09/05/xativa-achaca-viento-caida-ramas/1611672.html
Las ilegalidades urbanísticas ya no prescriben a los cuatro años, sino a los quince años, según prevé la nueva ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup).
Una de las novedades con más impacto de la LOTUP es el nuevo plazo de quince años que se aplica a obras realizadas sin licencia, o sin ajustarse a ella. Con ello se pretende atajar la pillería de ejecutar unas obras sin licencia y esperar, sin hacer ruido, durante un plazo de cuatro años para ya iniciar el proceso de legalización.
Pues, se consideraba que el anterior plazo previsto en la Ley Urbanística Valenciana era demasiado corto y poco disuasivo contra las ilegalidades. Los miles de chalés ilegales que existen en la Comunitat Valenciana confirman esta práctica. Así que la nueva Lotup dictamina que siempre que no hubieren transcurrido más de quince años desde la total terminación de las obras o usos del suelo realizados sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma, el alcalde requerirá al propietario para que, en el plazo de dos meses, solicite la oportuna autorización urbanística o ajuste las obras a las condiciones de la licencia otorgada.
El 20 de agosto de 2014 entró en vigor la nueva ley urbanística valenciana, LOTUP. Dicha normativa pretende dar solución legal a la existencia de núcleos de chalets construidos en suelo no urbanizable común.
La mayor parte de estas construcciones, aunque ilegales, están consolidadas jurídicamente al haber trascurrido el plazo para que la administración pudiera emprender acciones de restauración de la legalidad urbanística o que la Fiscalía pudiera interponer acciones legales por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio.